En la Ciudad de Río Cuarto, a 25 días del mes de Febrero de Dos mil veintiuno, siendo las 14:30 horas y encontrándose presentes en la telecomunicación los Consejeros Titulares: Salma FAIAD, Leonilda BROLL, Osvaldo DANIELE, Horacio GIL y Omar MONTOYA, más los Consejeros Suplentes Gisela VELEZ , Elena FERNANDEZ y Fabricio NOCELLI, quien asume la titularidad en ausencia de Sonia CRUSEÑO, se ha obtenido el quórum para dar comienzo a la reunión citada previamente.- En esta oportunidad se cuenta con la presencia de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas Guillermo GANAME y Norberto PORCEL DE PERALTA. Se procede a dar tratamiento al temario establecido para esta reunión. PUNTO PRIMERO. APROBACION DE ACTAS: se aprueba con correcciones el Acta 046. – Se continúa con PUNTO SEGUNDO. INFORME DE PRESIDENCIA. 2.1. SUMAS: Presentación de las Obras Sociales Universitarias a la Secretaría de Equidad: Presidencia informa que se aprobó la presentación suscripta por el Presidente de SUMAS a la Secretaría de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, cuya copia se circularizó oportunamente, con algunas modificaciones. Comenta que, en razón de los cambios de público conocimiento en dicho Ministerio, se aguarda la designación de un nuevo titular de la Secretaría, a fin de enviar el documento, ya que se continuará con la misma línea de trabajo. Paso seguido, se presentan las planillas de los indicadores que, conjuntamente con las fichas técnicas, se enviarán para poder cumplimentarlas. Es idea utilizar un web service para la carga contínua de los datos de los indicadores. Desde las Obras Sociales se plantea que algunos datos son de difícil recolección. La próxima semana se concretará otra reunión para aclaración de dudas. 2.2. Posibilidad de apertura de Administración y Consultorios: La Presidente plantea que, en virtud de que se está volviendo a la normalidad en cuanto a las atenciones de las distintas instituciones, se debiera estar analizando abrir, aunque sea de forma parcial, la administración de la Obra Social y los consultorios. El Director Ejecutivo ha presentado oportunamente un proyecto, que sugiere fundamentalmente acatar las indicaciones correspondientes del COE o de los organismos correspondientes, y trabajar en las Comisiones de Salud y Planeamiento para definir cómo y cuándo implementar las aperturas. PUNTO TERCERO – TEMAS ENTRADOS: 3.1. Informe del Asesor Legal sobre Recurso de Amparo por LETES: Se hace presente el Abogado Jorge MIGUEL, quien informa acerca del estado de gestión de la acción de Amparo emprendida contra el Estado Nacional Argentino, a los fines de la liquidación de las Letras del Estado Nacional (Letes) de los que ASPURC es tenedor, que tramita en los autos caratulados ASPURC C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO / AMPARO (EXPTE 50553/2019). El pasado viernes 12 de Febrero, la Cámara Federal dictó resolución por la que declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Juez Federal de Río Cuarto, y remitir la causa al Juzgado de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento, ordenando el apartamiento del Juez Federal Carlos Ochoa por haber emitido opinión. Para tal decisión, en sus fundamentos, la Cámara Federal consideró que el Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública conforme el estado de situación fiscal y financiera, acudió a un cúmulo de instrumentos legales tendientes a la regulación de la deuda pública, cuyo análisis ha sido omitido por el Juez de la causa. Además de ello, la Cámara Federal advierte que el Juez interviniente omitió pronunciarse en relación a la normativa sobreviniente –ley 27.556 de Restauración de la Sostenibilidad de la deuda pública sancionada el 8/8/20, es decir, nueve meses luego de iniciado el Amparo- que dispuso la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos en Dólares Estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina. La Cámara Federal señala que esa norma fue ponderada por ASPURC, con las discrepancias con el canje de títulos propuesto por el Estado Nacional, atento a los perjuicios que implica para la entidad. En ese contexto, la Cámara Federal concluyó que el marco normativo inicial se vio sustancialmente ampliado, por lo que las circunstancias actualmente existentes debieron ser pormenorizadamente analizadas por el A quo, en virtud de la invariable jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual las decisiones deben atender a la situación existente al momento de decidir. Por ello, finaliza diciendo que la Sentencia de primera instancia adolece de un grave vicio por falta de ponderación del marco normativo vigente al momento de su dictado, sin declarar la inconstitucionalidad del Decreto 346/2020, de la ley 27.556 y reglamentación posterior. Ante ello, hay varios aspectos por resaltar: El primero: esa resolución de la Cámara pudiera recurrirse por vía del recurso Extraordinario, más advierto que con alto grado de probabilidad, la Cámara Federal habrá de rechazar su otorgamiento, con aditamento de costas a cargo de ASPURC. Ello obligaría a plantear recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en su apreciación, por las razones dadas por la propia Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría rechazar el recurso. Tales gestiones implicarían un plazo de al menos dos años, con el serio riesgo de que el proceso retorne a Río Cuarto, aún sin Sentencia de Primera Instancia. Segundo aspecto: en caso de que no se recurra la sentencia de primera instancia, el proceso retornará al Juzgado Federal de Río Cuarto, para el dictado de nueva resolución. Cierto es que lo que se debe decidir es el perjuicio que provoca a ASPURC la retención de fondos invertidos en Letras del Tesoro, que constituyen una de las aplicaciones bursátiles de menor riesgo. A lo que se agrega que la Ley 27.556, ahondó aún más los efectos del reperfilamiento de deuda que motivaron el Amparo, pues legisló acerca de una oferta de canje de deuda que, tal como lo señaló ASPURC en el proceso, representaba una pérdida –en términos monetarios y de tiempo- muy importante para el patrimonio institucional. Tercer aspecto: en su apreciación, en la Cámara Federal se impuso un criterio técnico que derivó en objetar que la Sentencia de Primera Instancia no contenía un análisis integral de la legislación afectada por el proceso. De haber obviado ese criterio, habría contado con elementos para ratificar la Sentencia de Primera Instancia, o para revertirla. Cuarto aspecto: en las decisiones que han de tomarse, debe meritarse que estamos nuevamente en ciernes del dictado de una Sentencia de Primera Instancia, ante un Juez (ad hoc) que puede compartir criterios del Juez pre-sentenciante, o no. De igual modo, cualquiera sea el resultado, también la Cámara Federal pudiera compartir o no, los criterios que estuvieron plasmados en la Sentencia de primera instancia ahora declarada nula. Quinto aspecto: en la situación que se discute, existen elementos que pudieran sostener una decisión a favor de ASPURC (la garantía constitucional de la propiedad, que se valoriza aún más por tratarse de una entidad de salud pública, relacionada con una Universidad Nacional), pero también a favor del Estado Nacional (la emergencia económica y financiera, que implica la ponderación de criterios de bienestar general por sobre el particular, que es regulada por una norma de emergencia dictada por el Congreso de la Nación). De tal modo, tal como se sostuvo al principio del proceso de Amparo, y como todo proceso, se erigen posibles beneficios y riesgos, derivados no solamente de la indisponibilidad de los recursos (cierto es que en la situación actual, esos fondos no se hallan disponibles) sino también de los eventuales costos y costas del proceso. En ese contexto, y acerca de las costas, pudiera sostenerse que ASPURC tenía y tiene sobrados motivos para intentar la acción de Amparo, pues resulta manifiesto que la regulación normativa del Estado Nacional, más allá de las razones que lo justifican o no, representan para ASPURC la imposibilidad de contar con sus ahorros. – Concluido el informe del Asesor Legal, el Director Ejecutivo comunica que se ha habilitado el canje de títulos, de acuerdo a los cuadros que circularizó en el día de la fecha, los cuales explica. Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas no aconsejan canje en estos momentos, por la pérdida de fondos que implicaría. Sugieren, en cambio, aguardar la resolución sobre el amparo. Adhieren a esta postura los Consejeros Gil y Broll. Se debate entre los presentes. Se sintetizan las posibilidades en: 1) Recurso extraordinario a la Cámara; 2) Aceptar la resolución de la Cámara Federal del retorno del recurso al Juzgado de Río Cuarto para una nueva resolución y 3) Abandonar el proceso judicial y evaluar el canje, tal como está presentado actualmente. El Tesorero Horacio Gil mociona la segunda opción planteada, es decir, continuar con el proceso jurídico y esperar una nueva resolución. Apoya la moción el Consejero Montoya. Se aprueba por unanimidad. PUNTO CUARTO – DESPACHOS DE COMISIONES: 4.1. Comisión de Salud: La Comisión informa sobre nota presentada por la Afiliada Nro. 3-16279233/00, solicitando mayor cobertura en medicamentos por afección pulmonar, para lo cual adjunta historia clínica e indicaciones del profesional neumonólogo tratante. El informe de Auditoría Médica determina que los medicamentos de uso prolongado para su patología de base deben tener la cobertura del 70%, y la incorporación de la paciente el grupo de riesgo de la vacunación antigripal. Se aclara que dicha disposición obedece a las normativas vigentes. Se toma conocimiento. PUNTO QUINTO – VARIOS: 5.1. Proyecto Farmacia: Por último, se establece un nutrido intercambio de opiniones sobre las tratativas en torno al ofrecimiento de compra de una llave de farmacia comercial, en conjunto con un inmueble. Temática incorporada en la sesión ordinaria precedente. La Vice Presidenta de la entidad, Leonilda Broll, enfatiza en la posibilidad cierta de la transacción comercial, con valores monetarios que en su opinión son excepcionales, brindando una ventaja significativa a ASPURC. En este sentido, realza la volatilidad de la propuesta en caso de dilatarse el tiempo de definición. Por su parte, el Tesorero acentúa que poseer esta llave comercial potenciaría la explotación comercial de la farmacia ASPURC, en virtud de disponer de un volumen poblacional de adultos mayores, con consumos importantes. En su apreciación, tan sólo con ese movimiento dinerario se acelerarían los tiempos de recupero de la inversión. La Presidenta Salma Faiad, destaca la necesidad de contar con un proyecto de inversión que garantice la rentabilidad que generaría dicha inversión, quedando claramente establecido cuál es el propósito de la adquisición. Además considera menester, previamente, determinar no sólo la factibilidad económica sino también la jurídica y particularmente, cómo afectará el régimen impositivo de la Obra Social. Destaca, asimismo, que faltando seis meses para terminar el mandato de la actual gestión, cuanto menos, es desaconsejable una inversión de tal envergadura sin establecer el fin concreto y la probable rentabilidad de dicha operación. Ello, porque esa información se considera estratégica en función de la claridad necesaria en el momento de la toma de decisión. Los consejeros Montoya y Nocelli, integrantes de la Comisión de Planeamiento, vaticinan que tomando el aspecto de la compra de farmacia da cuenta de la situación de oportunidad; más aún, en sus opiniones, el bajo costo de la inversión inmobiliaria y la óptima ubicación del inmueble permitirían la inmediata venta del bien en caso de ser necesario. El Revisor de Cuentas Cdor. Porcel de Peralta, reconoce a la propuesta como entusiasta pero se reserva la necesidad de hacer los análisis pertinentes a tal fin, sobre todo en el aspecto impositivo. El Director Ejecutivo, Maximiliano Bárcena, manifiesta que se deben priorizar, siempre, la atención de los objetivos estatutarios de la organización. Por su parte, Guillermo Gáname, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas presente en la reunión, de perspectiva concomitante, realiza consideraciones vinculadas con el imperativo de disponer liquidez (o dinero circulante) de la Obra Social, de allí que la opción de “inmovilizar fondos”, es decir invertir en inmuebles, puede ir en desmedro de cualquier evento sanitario demandante de urgente pago. Luego de la rueda de opiniones vertidas, la Presidenta retoma la conveniencia de analizar la compra que garantice pronta rentabilidad del inmueble, entendiendo que en una situación tan compleja como la que estamos viviendo de contexto pandémico, la disponibilidad de fondos inmediatos para la prestación de servicios sanitarios debe ser la esencia de la organización. Finalmente, se acuerda contar con los datos de factibilidad económica- financiera, y legal- impositiva con las consultas hacia asesoría legal e informe contable desde la comisión tratante. – No habiendo más temas que tratar, y siendo las 17:30 horas, se da por culminada la reunión en el lugar y día ut supra.-

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